Este documento de políticas sostiene que los cuidados deben reconocerse como un derecho humano, un bien público y una inversión pública esencial, y no como una responsabilidad privada que recae de manera desproporcionada en las mujeres y las niñas. A partir de diez proyectos de investigación-acción en ocho países de América Latina y el Caribe, coordinados por GRADE junto con UNRISD, la Alianza Global por los Cuidados, IDRC y la Fundación Ford, muestra que las políticas de cuidados pueden mejorar el bienestar, liberar tiempo, fortalecer la autonomía económica, profesionalizar el trabajo de cuidados, ampliar el acceso a otros servicios públicos y favorecer enfoques más interseccionales. También identifica desafíos comunes para construir sistemas de cuidados con un enfoque de derechos humanos, como la débil institucionalización, la falta de financiamiento suficiente y sostenido, la persistencia de los estereotipos de género, la escasez de datos y los bajos niveles de participación social. En respuesta, recomienda fortalecer el papel del Estado, asegurar el financiamiento público, diseñar las políticas mediante procesos participativos, incorporar los enfoques de género e interseccional, apoyar las capacidades locales y proteger los derechos de quienes brindan cuidados.
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Los cuidados como derecho humano y bien público: evidencia y orientaciones para América Latina y el Caribe




